El diputado federal Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso modificar la la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para aplicar multas de entre tres mil y 30 mil días de salario mínimo a quienes distribuyan y vendan videojuegoscon contenido violento o adulto a menores de edad.
En la iniciativa del PVEM se plantea agregar un artículo 68 Bis y reformar la fracción IV del artículo 148 de dicha legislación. Hay que aclarar que no se trata de la primera reforma sugerida en este tenor, pues anteriormente, desde la misma Reforma en Telecomunicaciones se planteaba una categorización de los productos de esta industria.
La sanción, que podría alcanzar los 2.1 millones de pesos en multa, busca evitar que niños y adolescentes adquieran libremente y sin supervisión de un adulto responsable títulos que hagan apología del delito y promuevan la violencia, independientemente de la clasificación con la que vengan de origen.
De acuerdo a Cuéllar Stefan, este grupo de edad es más vulnerable a imitar conductas violentas, aunque los modelos vengan de videojuegos o la televisión. El diputado argumenta que los menores “por su estadío de desarrollo sicosocial se encuentran en una posición más vulnerable frente a esos contenidos”.
El legislador recalcó que diversas estadísticas señalan que unos 17.7 millones de mexicanos le dedican al menos a una hora al día a los videojuegos, cifra que se disparó en nuestro país durante los últimos 20 años, y cuya tendencia a la alza vuelve necesaria una legislación que hasta el momento “carece de garantías para evitar la venta de materiales que pueden menoscabar la integridad física y mental de niños y las niñas”.
El representante del PVEM basó la importancia de su propuesta sobre otros contenidos violentos a que finalmente los videojuegos requieren una respuesta real por parte del niño: “no sólo presentan la transmisión de imágenes y sonidos a un sujeto pasivo, sino que demandan la interacción del jugador”.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, será evaluada en los siguientes días. El congresista remató confiando en que este tipo de reglamentaciones limiten los hechos de violencia exacerbada entre menores, como el caso del niño Christopeher, asesinado en Chihuahua por sus primos, quienes a su favor argumentaron que pensaron que “se trataba de un juego”.
La realidad y redes sociales
Actualmente, México no cuenta con un sistema propio de clasificación de videojuegos. La mayoría de cadenas comerciales y negocios de renta recurren a la ESBR, categorización estadounidense que se puede ver impresa en las cajas de cada copia. Sin embargo, es de sobra conocido que dichas recomendaciones no son acatadas al pie de la letra, ni por los vendedores ni por los consumidores, al no estar tipificada por la ley.
Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, la mayoría en contra de esta iniciativa, aunque cabe destacar que la mayoría de sitios web que han publicado la noticia fallan en destacar el carácter de la sanción, la cual únicamente va enfocada a quienes comercialicen videojuegos indebidos a niños y jóvenes, y no limita, castiga o prohíbe la adquisición de los mismos por parte ciudadanos de mayores de edad.
